Uno de los ejes de la nueva Ley de Libertad Educativa que pactaron PP y Vox en la Comunidad Valenciana es el que tiene que ver con la elección de la lengua vehicular o, al menos, de la "lengua base" de preferencia. Más de medio millón de familias están llamadas a pronunciarse sobre si se decantan por el castellano o por el valenciano, en una consulta telemática que arrancará el 25 de febrero. La votación no está exenta de polémica, pues al intento de frenarla en los tribunales por parte de entidades defensoras de la enseñanza en valenciano se suma ahora la denuncia de presiones en los centros a favor del valenciano.
En concreto, la denuncia viene del colectivo Escuela de Todos, que ha manifestado su "máxima preocupación por la campaña pro-elección del valenciano" que se está llevando a cabo en distintos centros educativos. "La falta de neutralidad de estos centros niega la pluralidad y diversidad lingüística de las familias y coarta su libertad de elección", afirman desde la asociación, que ha lamentado la presión "casi asfixiante".
Y pone como ejemplo "cartelería en el interior y exterior de los centros, consignas pro-valenciano a través de los chats oficiales, emails de la dirección posicionándose en contra de la Ley y pidiendo el voto por el valenciano o charlas a los alumnos por parte de los docentes". Según Escuela de Todos, "la Consejería de Educación y especialmente la inspección educativa deben supervisar que el proceso de elección de lengua se realice sin interferencias ni presiones".
Fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira, la Consejería de Educación "es neutral en todo el proceso". Ahora bien, "hay que recordar que los centros públicos son Administración y sus trabajadores, funcionarios", explican fuentes de Educación, por lo que "su deber es guardar neutralidad y no exhibir cartelería u otro tipo de comunicaciones instando a elegir una opción determinada".
Según la Consejería, ante una denuncia de que "un centro se está posicionando, saltándose así la normativa", se pedirá a la inspección "reconducir la situación y ser neutrales".
En paralelo, los defensores de la enseñanza en valenciano se están movilizando contra la consulta, que se espera tumbar en los tribunales. De momento, en todo caso, sin éxito, pues el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desestimado la solicitud presentada por dos entidades y varios particulares de suspender de forma cautelarísima -es decir, sin escuchar los argumentos de la Generalitat- la orden de Educación que regula la consulta.
Los magistrados consideran que los recurrentes no han acreditado en su escrito la concurrencia de las razones de especial urgencia exigibles según la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aplicar el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Aun así, Compromís ha anunciado este lunes que también recurrirá al TSJ para tratar de frenar la votación.
Compromís ha presentado un recurso contencioso-administrativo al TSJ que pide suspender la consulta al considerar que "sólo se pretende enfrentar a unas familias contra otras" y abrir una "guerra lingüística". El recurso lo firman representantes de la coalición con hijos en edad escolar, desde diputados en las Cortes Valencianas y el Congreso a concejales de Castellón, Valencia y Elche.
Desde Compromís apuntan que Educación ha publicado esta orden sin haber modificado dos "observaciones graves" recogidas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su dictamen al respecto: "Que no se garantiza a cada familia la lengua por la que votó y que el procedimiento únicamente telemático es ilegal".
Previamente, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Compromís frente a la Ley de Libertad Educativa. En él se denuncia el incumplimientos de 28 artículos de leyes de rango superiores como la LOE, el Estatuto de Autonomía y la Constitución española.